LOS CRIMINALES Y SUS CÓMPLICES QUIEREN BORRARNOS LA MEMORIA
El jueves 17 la cámara de diputados rechazó el financiamiento del Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), privando al organismo de un presupuesto cercano a los 15.000 millones de pesos, al tiempo de rechazar el programa de Patrimonio Cultural, bajo el cual operan el Museo de la Memoria y otros como Villa Grimaldi o Londres 38.
Los argumentos adelantados por los parlamentarios de la derecha y algunos de la Democracia Cristiana que votaron este rechazo, esconden mal la persistente voluntad de la primera, de eludir y hacer olvidar su responsabilidad en los crímenes de la dictadura de Pinochet y los ocurridos a partir del estallido social durante el gobierno de Piñera.
Justificando su posición contraria al INDH, en declaraciones al medio digital Interferencia, algunos diputados señalaron considerarlo como un organismo “politizado”, que defiende sólo a personas vinculadas a la izquierda, que “persigue” a Carabineros y que “más que justicia busca venganza”.
Del mismo modo, acusaron al INDH de falta de transparencia en la utilización de sus recursos, en una clara manifestación de mala fe, pues en este aspecto el organismo, como cualquier otro que recibe fondos del Estado, está fiscalizado por la Contraloría.
Más que el control de la utilización de los fondos de la institución y tal como quedó en evidencia en la moción presentada por la diputada Johana Pérez (DC), se trataba de fiscalizar el funcionamiento del organismo, privándolo así de su autonomía.
Esta condición está en estrecha relación con los principios que rigen las actividades de los organismos de derechos humanos a nivel mundial, llamados principios de París, uno de los cuales es la autonomía política y económica, permite la fiscalización, incluso del Estado, en su obligación de respeto y protección de los derechos humanos.
Por otra parte, no puede dejar de considerarse la contingencia en que se produce este rechazo y en la que el INDH tiene un papel protagónico.
En primer término, el grave cuestionamiento a la labor del ex director Sergio Micco (DC), frente a las evidentes violaciones de los derechos humanos perpetradas por Carabineros y las Fuerzas Armadas durante el estallido social y, más recientemente, la querella del organismo contra los altos mandos de Carabineros en este mismo contexto.
De todas maneras, esta arremetida de la derecha se da en un momento en que esta se siente fortalecida por el triunfo del Rechazo y por la constante deriva del gobierno de Gabriel Boric hacia posiciones que aparecen próximas a ella.
En el contexto histórico iniciado en la llamada “transición a la democracia”, este intento por borrar la memoria no es el primero y, sin lugar a dudas, no será el último que deberán sortear organismos como el Museo de la Memoria, Londres 38, Villa Grimaldi o la Fundación Salvador Allende (entre otros).
En su historial de defensa de la memoria y por la justicia, ya superaron el espíritu de “Una justicia en la medida de lo posible” y no han renunciado en la lucha, entre otras, por hacer públicos los resultados de la Comisión Valech.
Estos, que dan cuenta de gran parte de los crímenes de la dictadura de Pinochet, en una actitud que se asemeja a la de los diputados derechistas de hoy, fueron enterrados durante 50 años por una ley promulgada por el gobierno de Ricardo Lagos.